Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Durante los primeros 13 días de 2016 el baño de sangre en Guerrero ha sido la constante, con cinco homicidios diarios en promedio y 22 secuestros en ese periodo, 17 de ellos ocurridos en el municipio de Arcelia.
En total, de acuerdo con las cifras documentadas por diarios locales y nacionales son alrededor de 65 homicidios, 50 de ellos entre el 1 y el 8 de enero, 10 el fin de semana del 9 y 10 de enero, y cuatro más el martes 12 en Acapulco y en Ciudad Renacimiento.
Los muertos del martes pasado se reportaron el mismo día que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en ese puerto el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero, que es “la siguiente etapa” del Plan Nuevo Guerrero.
Los asesinatos y secuestros no se han detenido, a pesar que desde 2014 el Gobierno federal ha realizado varios operativos que involucran a miles de elementos de las fuerzas federales, entre ellas, la Gendarmería Nacional.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, respecto a 2014, se incrementaron los homicidios, especialmente los dolosos.
El año de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cerró con 2 mil 197 homicidios, de los cuales mil 514 fueron dolosos.
Esa cantidad fue superada sólo entre enero y noviembre de 2015 donde se registraron 2 mil 461 homicidios, de los cuales mil 824 fueron dolosos.
Lo anterior, además, sin contar los cientos de secuestros y extorsiones que se dieron en la entidad.
Pero la historia continúa con el arranque de 2016. Este año inició con una jornada violenta de homicidios y secuestros.
De acuerdo con el diario Novedades de Acapulco, el sábado 9 fueron asesinadas cuatro personas en Acapulco, en Iguala otras tres con signos de tortura y en Arcelia dos taxistas.
Ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que en los primeros ocho días del año ocurrieron 50 homicidios, y 24 de éstos tuvieron como escenario el puerto de Acapulco.
El lunes 11 de enero, Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero, informó el secuestro de 17 personas en Arcelia, un municipio situado en la región de Tierra Caliente; de acuerdo con la versión del mandatario, las víctimas fueron sacadas de una fiesta –el sábado 9– por unos 60 o 70 hombres vestidos con ropa tipo policiaca y equipo táctico.
En un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que hombres armados atacaron el sábado a un grupo de personas cerca de la comunidad de El Salitre, municipio de Arcelia, cuando se trasladaban a una comunidad de La Palma de ese mismo municipio.
En ese documento la dependencia estatal informó que los sicarios se llevaron a varias personas pero hasta el domingo tenían la certeza de siete hombres porque sus familiares presentaron denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El Presidente municipal de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, relató que en el lugar llevaban cuatro años sin problemas y las personas que fueron desaparecidas son “gente humilde”, “campesinos”.
“Las personas desaparecidas son gente tranquila, gente humilde, son campesinos, comerciantes, empleados, y que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada… Me duele mi pueblo, y estoy con ellos, confío en esta búsqueda que se está dando y vamos a seguir adelante”, expuso Torales Catalán.
La desaparición de las 17 personas provocó un operativo de unos 600 policías en la zona. De los secuestrados, uno ya apareció muerto el martes en la noche de acuerdo con Xavier Olea Peláez, fiscal de Guerrero.
El funcionario dijo a Milenio Televisión que según las primeras investigaciones apuntan a que un grupo delincuencial secuestró a los hombres para reclutarlos.
SECUESTRAN A PROFESORES
Xavier Olea Peláez dio a conocer también que un grupo criminal “levantó” a cuatro maestros y al director de la Escuela Secundaria Técnica 114 en Ajuchitlán del Progreso.
Ayer, familiares de los cinco profesores que fueron secuestrados el pasado lunes en la Secundaria Técnica 114 , en Ajuchitlán, Guerrero, informaron que los captores piden alrededor de 2.5 millones de pesos para su liberación, de acuerdo con el diario El Sur.
Los secuestradores se comunicaron por separado con los familiares y les pidieron 500 mil pesos por cada uno. La negociación se hace por separado con cada familia desde que fueron raptados.
También ayer, Novedades y El Sur publicaron que el Alcalde de Olinalá, Saúl Apreza Patrón, fue secuestrado casi un día y liberado el miércoles en la mañana tras el pago de un rescate.
El también hermano del Secretario Estatal de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, viajaba el pasado martes con su chofer cerca de Cuautla, Morelos, cuando una llanta de su vehículo se ponchó.
El momento de la reparación de la llanta habría sido aprovechado por un grupo de unos 15 hombres que, al parecer, ya seguían al Alcalde priista. Saúl Apreza fue liberado ayer en la mañana tras el pago de un rescate, de acuerdo con información confirmada al diario El Sur.
La fuente de ese medio guerrerense no precisó si también fue secuestrado el chofer, ni la cantidad del pago de rescate, ni dónde fue liberado el Presidente Municipal.
Además, el Alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, acudió ayer a las instalaciones de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia por las amenazas del crimen organizado que han recibido él y su familia.
En declaraciones, dijo que los números telefónicos de donde se han hecho las llamadas son de la ciudad de México y que los delincuentes le piden un monto económico mensual y libertad para “trabajar” en Chilpancingo.
Leyva Mena también indicó que estas amenazas son siete llamadas telefónicas, la primera de ellas unos 15 días después de asumir como Alcalde (el 30 de septiembre del año pasado) y la última a finales de diciembre, hace unos 15 días.
El 22 de diciembre pasado, el Edil dio a conocer que ha sido amenazado por grupos de la delincuencia organizada, y detalló que las amenazas han sido a través de mensajes de texto y también mediante llamadas telefónicas a él y sus familiares.
Pero el martes, en el Fórum Mundo Imperial, Peña Nieto dijo al Gobernador Héctor Astudillo Flores: “Al asumir su encargo, recibe una entidad ante un gran reto, y éste es de forma señalada, uno de ellos: el realmente revertir el escenario de inseguridad que se vive en distintas regiones del estado de Guerrero”.
El Jefe del Ejecutivo federal agregó que Guerrero “es de las entidades del país que en esta asignatura de la seguridad representa, quizá, uno de los mayores retos”.
Por ello, dijo, dio instrucciones a todo el gabinete de seguridad pública para que mantenga una relación constante con las autoridades locales.
“El gabinete de seguridad ha comprometido, y así lo habrá de hacer, reunirse con las autoridades locales al menos una vez cada mes, que nos permita ir a hacer un balance y evaluación de cómo se vienen instrumentando diferentes estrategias, focalizadas a las distintas regiones del Estado de Guerrero, que nos permitan, repito, lograr las condiciones de seguridad que la sociedad guerrerense está demandando”, afirmó Peña Nieto.
OPERATIVOS EN GUERRERO
El 6 de enero pasado, en Acapulco, se reportó el asesinato de dos hombres en Acapulco, pese a la custodia permanente que se hace desde meses en el puerto por elementos policiacos y militares. Foto: El Sur
En octubre de 2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron a Iguala elementos de la Policía Federal (PF) y la Gendarmería Nacional para tomar el control de la seguridad. En Chilpancingo arribaron cerca de 2 mil policías antimotines para reforzar la seguridad ante la posibilidad de que continuaran las movilizaciones de los estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
Un mes después, en noviembre de 2014, la Gendarmería Nacional reforzó la vigilancia en Acapulco con mil 300 elementos, para brindar seguridad a los turistas que vacacionaron ese fin de año en el puerto.
El 4 de diciembre el Gobierno federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, cuatro de Morelos y dos de Michoacán con más de 2 mil elementos de la Policía Federal (PF).
Las fuerzas federales asumieron por completo las tareas de seguridad de esos municipios. El objetivo principal era combatir al crimen organizado que golpea a la región.
En octubre de 2015 llegaron a Guerrero más de mil 500 elementos de la Policía Federal como parte del operativo de reforzamiento de seguridad que anunció Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El 1 de diciembre de 2015 de acuerdo con medios locales, llegaron entre 5 mil y 5 mil federales antimotín a Acapulco y Chilpancingo, sólo para vigilar la jornada de evaluación docente.
Pero a pesar de los operativos que se han realizado en la entidad, el estado está fuera de control, de acuerdo con la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) y activistas entrevistados de Guerrero entrevistados por SinEmbargo.
UN ESTADO FUERA DE CONTROL
Para el sacerdote Mario Campos, párroco de Tlapa de Comonfort, Guerrero y fundador de la policía comunitaria en la entidad, lo que sucede en la entidad es complejo y la principal razón de los homicidios, secuestros y extorsiones sin freno, es que la delincuencia organizada está fuera de control.
“El factor principal es la delincuencia. Es muy grave porque es más bien el rostro de la delincuencia lo que estamos viendo, que está presente ahí y que está haciendo mucho daño”, dijo.
Para Mario Campos los crímenes han aumentado a pesar de que hay fuerzas federales en Guerrero, debido a que falta coordinación con la sociedad.
La policía comunitaria, explicó, es rechazada y mal vista por las autoridades, pero es una forma que varios pueblos de Costa Chica y La Montaña, han encontrado para protegerse de los grupos criminales que se pelean las plazas.
“Falta la aplicación de la Ley. Que se activen las instituciones para que se haga realidad la seguridad en Guerrero que todos aspiramos. Aquí nadie está contento con lo que está pasando”, expuso.
En Guerrero dijo, en las poblaciones en donde la sociedad se ha organizado, hay “cierto control” de la delincuencia.
“Donde hay cuerpos de seguridad hechos por el pueblo, hay más control. No debe haber un afán de competir con el gobierno sino en plan de coadyuvancia, así debe verlos el gobierno, pero parece que hay poca voluntad y esfuerzo”, destacó Campos.
Los delincuentes que tienen más presencia en Guerrero son secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, grupos que se “pelean las plazas, que tienen rivalidad, venganzas que están provocando todos los asesinatos y levantones”, explicó.
Manuel Vázquez, vocero estatal de la UPOEG, coincidió con Campos. El también abogado dijo que la organización tiene presencia en los municipios de Costa Chica y La Montaña y que la única solución para los municipios de Tierra Caliente y Costra Grande, es organizarse.
“En nuestra zona el tema de la seguridad se puso en orden. Nos toca trabajar sobre el tema de desarrollo y que el gobierno invierta porque los hombres y las familias no comen armas, necesitamos enfocarnos a la producción del campo. El Gobierno federal necesita voltear al campo de Guerrero”, dijo.
A pesar de que la lucha de la UPOEG en Guerrero, las balas también los han alcanzando. El 8 de agosto de 2015 fue asesinado el dirigente de la organización Miguel Ángel Jiménez en las inmediaciones del poblado de Xalatianguis, del municipio de Acapulco.
Miguel Ángel era uno de los líderes más activos de la región. No ha sido el único miembro de la UPOEG asesinado, así como activistas.
El lunes 21 de diciembre, Bernardo Carreto González viajaba en su camioneta en la carretera Chilpa-Lodo Grande cuando cuatro hombres armados le detuvieron el paso, lo bajaron del vehículo y lo ejecutaron a quemarropa frente a su esposa y nueras, cerca de la comunidad Tepozcuautla, a 15 minutos de la cabecera municipal, detallaron fuentes policiacas.
Bernardo Carreto pertenecía a la Comisión de los Desaparecidos en Chilapa, junto con un grupo de familiares de 30 personas desaparecidas en mayo de 2015 durante la ocupación de pobladores armados del sur del municipio, y reclamaba públicamente la presentación con vida de sus tres hijos.
Desde la desaparición de sus hijos, cada miércoles Bernardo realizaba una reunión con familiares de víctimas para buscar a sus seres queridos y exigir a las autoridades dar con el paradero.
Ese mismo lunes se registraron 30 muertes en diferentes partes del estado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
–Con información de Alejandra Padilla.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/14-01-2016/1597382
